Deja de leer el título y éntrale al fondo: nadie ha suspendido a una jueza «por usar IA»

Una jueza suspendida. Capturas de ChatGPT. Un titular perfecto para conseguir clics. La relación parece obvia. Antes de aceptarla, conviene leer más allá del encabezado.

El martes 14 de julio, Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, fue notificada de su suspensión.

El sábado, La Silla Rota publicó este titular: «Jueza usaba inteligencia artificial para elaborar sentencias; hoy está suspendida».

El encabezado no dice literalmente que la suspendieron por usar inteligencia artificial.

No le hace falta.

Coloca dos hechos separados por un punto y coma y deja que el lector agregue mentalmente el «porque»:

Usaba inteligencia artificial; por eso está suspendida.

Así funciona el titular. Y así lo entiende quien lo comparte sin entrar a la nota.

El mensaje que recibe el lector promedio —y cualquier juzgador que ya utiliza estas herramientas— es mucho más simple que la historia real:

«Si uso IA, también pueden suspenderme».

El problema es que eso no es lo que demuestra la información disponible.

Lo que pasó y que el titular dejó fuera

La suspensión no apareció de la nada después de que alguien descubriera una conversación de ChatGPT.

El propio cuerpo de la nota reconstruye aproximadamente ocho meses de conflictos, quejas y señalamientos dentro del Juzgado Tercero de Distrito.

Según esa cobertura, los problemas comenzaron poco después de que González Cortés asumiera el cargo, en septiembre de 2025. Entre los hechos relatados aparecen:

• La falta de reuniones y comunicación con el personal.
• La interrupción del nombramiento de una trabajadora próxima a generar derechos de base.
• Una protesta de trabajadores y representantes sindicales.
• La denuncia presentada por la jueza ante la Fiscalía General de la República contra participantes en la protesta.
• Quejas promovidas por trabajadores ante el Tribunal de Disciplina Judicial y otras autoridades.
• Ausencias y modificaciones o cancelaciones de acuerdos.
• Señalamientos por enviar asuntos a personal auxiliar.
• Rezago y remisión de expedientes a otros juzgados.
• Una evaluación de seguimiento especial iniciada desde abril.
• Y, entre las críticas a su desempeño, el presunto uso de inteligencia artificial para elaborar sentencias, acuerdos y otros documentos.

Después de esa acumulación de conflictos y quejas, la jueza fue suspendida.

Eso es lo que cuenta el cuerpo de la propia nota.

La cobertura más temprana del caso, publicada el 14 de julio, señaló expresamente que no existía un pronunciamiento oficial sobre las causas. Recogió quejas relacionadas con ausencias, modificaciones o cancelaciones irregulares de acuerdos e instrucciones enviadas mediante aplicaciones de mensajería.

En esa primera cobertura no aparecía la inteligencia artificial.

Publicaciones posteriores aseguran que el presunto uso de IA forma parte de los hechos investigados, junto con las irregularidades laborales. Sin embargo, ninguna presenta completa la resolución que permitiría conocer qué conductas motivaron la suspensión y qué peso atribuyó el Tribunal a cada una.

Por eso hay que distinguir cuidadosamente:

La jueza fue suspendida después de una acumulación de quejas y posibles irregularidades, entre las cuales podría encontrarse una manera imprudente de utilizar IA.

Eso es muy distinto de afirmar:

La suspendieron por usar IA.

Sí usaba ChatGPT

Las capturas existen y no deben ignorarse.

La primera muestra el uso de ChatGPT para generar un formato de nombramiento que incluye el nombre completo de un servidor público.

Generar un formato administrativo con ayuda de IA no es, por sí mismo, una falta. El problema aparece si se introducen datos personales sin las salvaguardas necesarias o si el resultado se utiliza sin revisión.

La segunda captura es diferente. Muestra fotografías de dos documentos y la instrucción: «Vamos a realizar un acuerdo, primero hay que analizar estos dos archivos».

Esta imagen plantea una pregunta legítima, pero no permite concluir que existió un manejo inadecuado de información. Eso podría ocurrir si se hubiera utilizado una cuenta gratuita sin las protecciones necesarias, si los documentos no fueron anonimizados o si la herramienta se empleó sin las precauciones profesionales correspondientes. Sin embargo, nada de eso puede determinarse a partir de la captura. La imagen demuestra que se cargaron documentos en ChatGPT; no demuestra bajo qué modalidad, con qué configuración ni qué medidas de protección se adoptaron.

La tercera conversación parece utilizar ChatGPT para redactar un aviso dirigido a los secretarios de acuerdos. Por sí misma, esta tarea administrativa no parece especialmente alarmante.

Las fotografías parecen acreditar que ChatGPT era utilizado para asuntos relacionados con el juzgado. No demuestran por sí solas quién escribió cada instrucción, si el contenido generado se incorporó a un documento oficial, si fue revisado por una persona o si la herramienta sustituyó una decisión jurídica.

Tampoco demuestran la causa de la suspensión.

Son indicios relevantes. No son la resolución disciplinaria.

¿Es reprochable que un juzgador use inteligencia artificial?

No. No por sí mismo. Y conviene dejarlo claro: no es ilegal.

Los tribunales que ya se enfrentaron a esta pregunta no respondieron prohibiendo. Respondieron fijando condiciones: la IA puede auxiliar, pero no sustituir; los datos deben protegerse; el resultado debe verificarse; el uso debe ser transparente y la responsabilidad sigue siendo humana.

Usar inteligencia artificial no constituye, por sí mismo, una infracción. Para sancionar habría que identificar una conducta concreta, el deber jurídico que vulneró y las pruebas que la acreditan. La información pública disponible no permite hacerlo.

Usar IA no equivale a delegar la función judicial

El propio Poder Judicial de la Federación ya ha utilizado inteligencia artificial como herramienta auxiliar.

En la queja civil 212/2025, un tribunal empleó ChatGPT, Gemini y Grok para verificar un cálculo. Explicó su metodología, incorporó el prompt utilizado y mantuvo la decisión bajo control humano.

De ese asunto surgió la tesis aislada 2031010, que propone principios como proporcionalidad, protección de datos, transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

Además, desde 2022 existe una Política de e-Justicia que aborda aspectos como protección de datos, transparencia y control humano. Sin embargo, México todavía carece de un protocolo completo y específico para el uso cotidiano de herramientas generativas de consumo por parte de los juzgadores.

Ese vacío debe corregirse.

Pero la ausencia de reglas completas no convierte cualquier uso de IA en una falta. Tampoco convierte cualquier resultado de ChatGPT en una actuación judicial válida.

El estándar razonable puede resumirse así:

Auxilio, no sustitución. Datos protegidos. Verificación humana. Transparencia y responsabilidad personal.

Lo que el titular borra

El titular borra la diferencia entre uso y mal uso.

Borra la diferencia entre una queja, una investigación y una responsabilidad demostrada.

Borra los meses de conflictos laborales, protestas, denuncias, rezago, evaluaciones y señalamientos acumulados.

Y borra el dato más importante: el Tribunal de Disciplina Judicial no ha explicado públicamente qué conducta motivó la suspensión ni cuál es su alcance.

Incluso si las capturas forman parte del expediente, todavía sería necesario conocer qué se reprocha: la posible exposición de información, la falta de revisión, la delegación de funciones o alguna irregularidad distinta.

Nada de eso puede resumirse responsablemente como «usar IA».

El encabezado tomó el elemento más novedoso y atractivo de una historia compleja y lo convirtió en su explicación aparente.

El miedo que deja el encabezado

La precisión enterrada en el cuerpo de una nota no corrige necesariamente la impresión producida por su titular.

Un juez que sólo ve el encabezado no recibe una advertencia sobre protección de datos, revisión humana o confidencialidad. Recibe un mensaje general:

«Admitir que utilizo IA puede costarme el cargo».

Ese encuadre puede producir un efecto inhibidor. Quienes ya utilizan estas herramientas podrían decidir ocultarlo, no pedir capacitación y evitar cualquier conversación institucional sobre sus prácticas.

Ése sería el peor escenario: uso sin reglas, sin transparencia, sin anonimización y sin que nadie reconozca que necesita ayuda para verificar los resultados.

UNESCO encontró que 44% de los operadores judiciales encuestados ya utiliza herramientas de IA, pero apenas 9% ha recibido capacitación institucional.

No te quedes con el titular

La inteligencia artificial ya entró a los tribunales. La respuesta no puede consistir en fingir que desaparecerá si generamos suficiente miedo.

Necesitamos reglas claras para utilizarla responsablemente.

La Escuela Nacional de Formación Judicial impartió el curso «Inteligencia Artificial en la Justicia» durante junio y julio de 2026.

Tres meses antes, el IIJ-UNAM y las Casas de los Saberes Jurídicos de la SCJN convocaron una mesa pública para analizar cómo los órganos del PJF ya incorporan IA.

No caigamos en esos titulares.