La promesa de la IA deja de ser promesa: está cambiando la burocracia estadounidense

—Están mandando cartas por solicitudes de hace nueve años.

Me lo dijo un colega de propiedad intelectual en Estados Unidos, con el tono de quien reporta un fenómeno meteorológico. El USPTO está holgado, dijo. Pusieron a la IA a buscar marcas para nulificar. Tienen tan poco rezago que ahora buscan hacia atrás todo lo que estuviera mal.

Un día antes, mi abogada migratoria me había contado una queja que parecía la opuesta:

—Ricardo, la carga se me multiplicó. No le llevo el ritmo a la autoridad. A veces me responde el mismo día.

Ella se quejaba de una oficina demasiado rápida hacia adelante; él, de una oficina que ya podía voltear hacia atrás. Dos personas que no se conocen, la misma semana, dos agencias distintas. Y una sola causa detrás de ambas: ninguna de las dos está atrasada.

Fui a buscar los documentos, esperando encontrar menos de lo que decían.

Encontré más.

Cincuenta y dos mil

Una sola orden, en agosto de 2025, terminó más de 52,000 solicitudes y registros presentados por una firma extranjera de tramitación: firmas electrónicas de abogados falsificadas, muestras de uso falsas, cuentas ajenas. En los meses siguientes, once órdenes administrativas más alcanzaron a unas 10,500 solicitudes y registros adicionales.

La figura importa más que la cifra. No son cartas de nulidad. Son órdenes de mostrar causa: la oficina identifica la irregularidad, notifica, da oportunidad de explicar y después sanciona. Las consecuencias van desde terminar una solicitud hasta reabrir un registro ya otorgado. Hay procedimiento y hay audiencia.

Faltaba lo que mi colega daba por hecho y los comunicados no decían: la herramienta. La respuesta no estaba en un boletín, sino en una comparecencia. El 25 de marzo de este año, el director del USPTO declaró ante el subcomité judicial de la Cámara de Representantes que las detecciones de fraude con inteligencia artificial les ayudaron a purgar más de 70,000 presentaciones sin fundamento en poco menos de un año, entre patentes y marcas. En el mismo testimonio explicó que una tarea de clasificación que antes tomaba cinco meses de búsqueda manual hoy se resuelve en cinco segundos, y describió el rezago como el primer enemigo a vencer: cincuenta mil expedientes menos, cien mil más este año.

Lo que mi colega contaba como rumor de gremio, el director lo dijo bajo protesta ante el Congreso. Conviene medir el alcance: esa cifra la dio en la comparecencia, no en un boletín, y en el papel firmado la oficina todavía describe la detección de fraude con IA como algo que está ampliando —tiene un piloto de vigilancia en tiempo real y una consulta abierta a la industria para comprar la siguiente capa. La herramienta no llegó a su forma final. Ya llegó a los resultados.

Nadie está anulando por corazonada: el hallazgo automático desemboca en un procedimiento con audiencia. Pero la autoridad tuvo, por primera vez, el tiempo y los datos para revisar decenas de miles de expedientes hacia atrás y conectar patrones entre solicitudes que en apariencia no tenían nada que ver: presentaciones separadas por menos de tres minutos, decenas de solicitantes distintos entrando desde una misma cuenta.

La amnistía que nadie firmó

Durante décadas, el rezago de una oficina de gobierno funcionó como un perdón involuntario.

Nadie lo aprobó. No está en ninguna ley. Simplemente ocurría: el error viejo estaba a salvo porque revisarlo costaba un tiempo que ninguna oficina tenía. Mientras la autoridad no diera abasto con lo de hoy, lo de hace nueve años era historia.

La burocracia no perdonaba por generosidad. Perdonaba por cansancio.

Es un pacto extraño, porque tiene un solo beneficiario y ninguna firma. El que hizo las cosas mal no compró impunidad: la heredó de la sobrecarga ajena. Y como todo lo que se sostiene en una carencia, se acaba en el momento exacto en que esa carencia se resuelve.

Eso es lo que está pasando. No es que la autoridad se haya vuelto más severa. Es que dejó de estar ocupada.

Nadie aprobó una ley para esto

Aquí viene lo que más me sorprendió al revisar el marco.

Nada de esto ocurrió gracias a una ley de inteligencia artificial. En Estados Unidos no existe una ley general de IA. El gobierno federal compra y usa estas herramientas bajo el régimen ordinario de contratación pública, con supervisión humana, pruebas previas y control de datos, y con las garantías constitucionales de siempre. La agencia migratoria describe el uso de automatización e IA en sus propios documentos presupuestarios, para reducir errores y rezagos; este año anunció una contratación de decenas de millones de dólares para detección de anomalías.

La IA no le amplió las facultades a nadie. Las órdenes de mostrar causa, la reapertura de registros y las sanciones existían desde antes. Lo único que cambió es el precio de encontrar el expediente.

La potestad siempre estuvo. Lo que faltaba era el tiempo.

El espejo

Esa frase describe a México con una exactitud incómoda.

La nueva Ley de Adquisiciones permite investigar de oficio irregularidades en contrataciones y declarar la nulidad total o parcial, con procedimiento, pruebas y defensa. El juicio de lesividad existe desde hace décadas justamente para que la autoridad pida a un tribunal anular un acto favorable ilegal, con un plazo de cinco años que casi siempre se va en blanco.

En el papel, el Estado mexicano puede mirar hacia atrás. En los hechos, apenas alcanza a mirar el escritorio.

El Global Index on Responsible AI 2026 pone número a esa distancia: Estados Unidos 53.34, México 27.95. Pero el dato que de verdad dice algo son tres ceros. Reglas para comprar IA pública: cero. Divulgación de los algoritmos que ya usa el gobierno: cero. Capacitación de servidores públicos: cero.

Y aquí conviene resistir el fatalismo, porque el mismo índice califica a México por encima de Estados Unidos en prestación de servicios públicos y en protección de datos. En 158 municipios, un negocio de bajo impacto ya puede abrir con un aviso inmediato en lugar de esperar entre veinte y sesenta días. La capacidad existe. Lo que no existe es la decisión.

La licencia se paga de la bolsa

La confirmación de esos ceros me llegó esa misma semana, en la tercera conversación, de una persona que trabaja en un juzgado:

—Aquí no tenemos presupuesto ni para el papel. Si alguien quiere usar IA, es cada quien su licencia. Y mejor a escondidas, porque si no, te dejan más trabajo.

Léase despacio, porque es la frase más reveladora de las tres.

Allá la herramienta entra por contrato, con presupuesto, con reglas y con alguien que responde por ella. Aquí la paga el empleado de su bolsa y la esconde, porque la recompensa por trabajar más rápido es recibir más carga.

La herramienta ya está adentro de las instituciones mexicanas. Lo que la institución decidió es no enterarse.

Detectar no es probar

Copiar mal esto sale caro, y hay factura.

Michigan dejó que un sistema adjudicara fraudes de desempleo sin defensa real y terminó pagando veinte millones de dólares por acusaciones falsas. Detectar una anomalía no prueba una infracción; solo indica dónde mirar.

Por eso lo que vale la pena copiar del USPTO no es el algoritmo. Es la orden de mostrar causa: el trámite viejo, lento y aburrido que convierte un hallazgo automático en una decisión defendible.

Lo que sigue

En México, las piezas jurídicas ya están sobre la mesa. El artículo 17 constitucional promete justicia pronta, completa e imparcial. El 134 exige administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez: cinco palabras que son, leídas de frente, un mandato de modernizar. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos autoriza automatizar y acortar plazos. La nueva Ley de Adquisiciones trae el diálogo competitivo, pensado precisamente para comprar soluciones técnicas complejas. Y el propio Poder Judicial ya fijó criterio sobre el uso responsable de la IA —auxiliar del juzgador, nunca sustituto, con explicabilidad y protección de datos—, mientras el Tribunal Electoral puso la herramienta en la consulta, no en el fallo.

En el Congreso se prepara además una Ley General de Inteligencia Artificial. Las iniciativas conocidas tratan a la IA pública como objeto de vigilancia: regular su uso en justicia y en programas sociales, crear un consejo de supervisión. La vigilancia hace falta. Pero ninguna propone presupuesto, plazos ni mandato para poner la herramienta en manos de los juzgados y las ventanillas.

Estamos legislando cómo vigilar una máquina que no hemos comprado.

Vuelvo a las tres conversaciones de esa semana. Una abogada que no le lleva el ritmo a una autoridad que contesta el mismo día. Un colega que ve reabrirse expedientes de hace nueve años. Y alguien en un juzgado mexicano que esconde su licencia para que no le den más trabajo.

La diferencia entre las tres no es la tecnología: es quién paga la licencia.

Cada expediente dormido en un juzgado es una promesa incumplida del artículo 17. No por mala fe, sino por falta de brazos. El día que en México la herramienta entre por contrato y con presupuesto —y no a escondidas, en la computadora personal de un empleado que teme decirlo—, esa promesa dejará de ser promesa.

Por primera vez existe con qué cumplirla. Falta decidir que se quiere.